Las investigaciones se iniciaron a raíz del análisis de la  documentación intervenida en la operación 'Bahía' realizada entre  febrero y abril de 2005, cuando la Guardia Civil procedió a la  detención de diez personas y fue desmantelada una organización  dedicada al expolio de yacimientos arqueológicos subacuáticos en las  costas de Cádiz.
   El dispositivo desplegado, en el que han participado más de 200  agentes, ha puesto al descubierto las distintas redes que colaboraban  entre sí y a la inmensa mayoría de sus componentes, algunos de los  cuales han sido sorprendidos cuando intentaban retirar  precipitadamente los objetos expoliados de sus domicilios. 

 

Modus operandi   Los detenidos se desplazaban diariamente a diversos yacimientos  que previamente habían localizado, provistos de sofisticados  detectores de metales, planos cartográficos, manuales de excavación y  otros útiles. Para conseguir mayor impunidad, procedían a su expolio  aprovechando las horas nocturnas, en algunas ocasiones durante varios  días consecutivos. En algunas ocasiones actuaban en connivencia con los guardas de  las fincas donde se encontraban los yacimientos, permitiéndoles el  paso y dándoles aviso cuando se producía la presencia de vehículos  desconocidos en los alrededores.  Igualmente, se ha podido comprobar que evitaban expoliar en el  campo, debido a la mayor presencia de patrullas de la Guardia Civil  que realizaban tareas de vigilancia cinegética.

 

 Algunos de los objetos expoliados de una importancia menor,  quedaban en su poder y los de mayor importancia eran vendidos por  elevadas sumas de dinero a intermediarios --en algunos casos,  comerciantes de numismática--, que a su vez, los vendían a  coleccionistas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Sevilla. 

 En esta última capital, concretamente en las callejuelas  adyacentes y en el interior de los vehículos aparcados en los  alrededores de la plaza del Cabildo, se realizaba la mayor parte de  las transacciones de piezas numismáticas procedentes del expolio. Los  coleccionistas evitaban trasladar en sus propios vehículos los  objetos arqueológicos que adquirían, por el riesgo que suponía para  ellos una hipotética actuación policial.
     En otras ocasiones, recibían el material arqueológico por medio de  paquetería postal, habiéndose intervenido en Barcelona, uno de estos  paquetes conteniendo monedas de oro. 

 

Falsificaciones

 

Por otro lado, la Guardia Civil añadió que se ha averiguado que  algunos de los detenidos no sólo expoliaban restos arqueológicos,  sino que también falsificaban objetos similares a los expoliados,  para posteriormente comercializarlos a incautos o profanos en la  materia. Asimismo, la red "exportaba" objetos a otros países, siendo  uno de los cabecillas detenido, un intermediario italiano, el  encargado de mantener los  contactos con coleccionistas extranjeros.  

  Así, la Guardia Civil ha podido interceptar en Ayamonte (Huelva)  una partida de restos arqueológicos que tenían previsto sacar a  través del Aeropuerto portugués de Faro con destino Bélgica. Debido  al volumen y fragilidad de los materiales, una gran parte de estos ha  tenido que quedar depositado en los lugares donde se hallaban,  pendiente de un posterior traslado.   

 Esta operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia  Civil especialistas en la investigación de delitos contra el  Patrimonio Histórico, con el apoyo de las Unidades territoriales.  La dirección de las investigaciones ha sido realizada por el Juzgado  de Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla) y por el Fiscal Coordinador  de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico del Tribunal Superior de  Justicia de Andalucía.   

 Durante el desarrollo de la investigación se ha contado con el  asesoramiento y apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de  Andalucía, que por medio de sus arqueólogos, ha realizado los  informes técnicos de las zonas expoliadas. En la actualidad, se  analiza la documentación intervenida, para poder determinar otros  yacimientos expoliados y personas implicadas.   

 Por último, la Guardia Civil recordó que la Legislación sobre  Patrimonio Histórico prohíbe la búsqueda de restos arqueológicos sin  la preceptiva autorización y que el hallazgo de forma casual o previa  excavación, deberá ser entregada inmediatamente a la Administración.